Fiscalía de Anticorrupción consiguió girar la orden para abrir un juicio contra el expresidente Luis Guillermo Solís, y a cuatro miembros de su gabinete, por el presunto delito de influencia contra la Hacienda Pública, dentro del denominado caso Bancrédito.
El expresidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, y cuatro miembros que pertenecían a su gabinete, irán a juicio por el Caso Bancrédito, luego de aceptarse la solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción.
Al expresidente y los miembros de su gabinete en aquel momento se les acusa por el presunto delito de influencia en contra de la Hacienda Pública, dentro del denominado caso Bancrédito.
Según la acusación, los imputados convinieron trasladar dinero de la Tesorería Nacional a Bancrédito, sin sustento técnico y con una posibilidad de retorno sumamente baja, con la intención de que la entidad bancaria aparentara tener un índice de liquidez suficiente.
Aparentemente, dicha maniobra buscaba impedir que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) decretara la intervención del banco. Esto debido a los “serios problemas de liquidez que enfrentaba y así evitar que la imagen de la administración Solís Rivera se viera dañada”..
El caso surgió tras una denuncia interpuesta por la Contraloría General de la República (CGR) en 2020 por supuestas inversiones riesgosas realizadas con recursos de la Tesorería Nacional en el extinto Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito). Según la Fiscalía, estas inversiones buscaron aparentar legalidad pese a conocer el alto riesgo de impago, con el fin de evitar la intervención del banco y proteger la imagen del gobierno.
El gobierno de Luis Guillermo Solís invirtió 118 mil millones de colones en Bancrédito. Sin embargo, la institución no pudo devolver los recursos a tiempo debido a su crítica situación financiera, lo que afectó el flujo de caja del Presupuesto Nacional 2018 y aumentó el déficit fiscal. Finalmente, Bancrédito fue absorbido por el Banco de Costa Rica (BCR).
La Procuraduría General de la República (PGR) presentó una acción civil resarcitoria por 50 millones de colones para reclamar los daños ocasionados al Estado.
Tras ordenarse la elevación del caso a juicio, corresponde ahora que se fije una fecha para el inicio del proceso.